Coalición Internacional de Organizaciones para los
Derechos Humanos en las Américas

En ocasión del Trigésimo Cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Quito entre el 6-8 de junio de 2004, la Coalición Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas (la Coalición) y organizaciones abajo firmantes presentan este pronunciamiento a los Estados Miembros de la OEA.

La Coalición es una red de organizaciones no-gubernamentales dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Hemisferio. La Coalición trabaja para un Hemisferio con pleno respeto y vigencia de los derechos humanos de forma integral; para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros de la OEA; para asegurar la protección a todas las personas y colectivos sujetos a su jurisdicción; para garantizar la eliminación de la impunidad en todos los casos de violación de derechos humanos; y para afianzar un sistema interamericano de protección de los derechos humanos sólido, accesible, reconocido y aceptado por todos los Estados Miembros de la OEA.

En este marco, la Coalición quiere avanzar en una serie de recomendaciones relacionadas con los temas de derechos humanos que considera prioritarios además de pronunciarse sobre la relación entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

La corrupción socava la democracia y la vigencia efectiva de los derechos humanos en la región

La existencia de una corrupción persistente en numerosos Estados del Hemisferio y la severidad de este problema son ampliamente reconocidas. En la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey, México, los Estados firmantes de la Declaración de Nuevo León señalaron, por ejemplo, "que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo".

Durante la Asamblea General de la OEA de 2004 en Quito, Ecuador, los Estados Miembros discutirán una Declaración sobre el desarrollo social y la democracia frente a la incidencia de la corrupción. Es de suma importancia que dicha Declaración y las resoluciones sobre este tema, incorporen una perspectiva de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes entienden que la corrupción es un tipo de abuso del poder, que en sus distintas manifestaciones, atenta directa e indirectamente contra una serie de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

La corrupción atenta tanto contra los derechos civiles como contra los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Esta afecta además a la administración de justicia y al Estado de Derecho. La incapacidad de numerosos sistemas de administración de justicia en el Continente para sancionar el desfalco de las arcas del Estado y la persistencia de recurrentes fenómenos de impunidad socava la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas. Asimismo, la corrupción limita sustancialmente los recursos disponibles para la garantía efectiva y el desarrollo progresivo de los derechos sociales.

Por el contrario, la lucha contra la corrupción se ve alentada con el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en la región. Así, la participación política, la garantía del derecho al acceso a la información pública, la libertad de expresión, el derecho a la justicia y el derecho a la no-discriminación, son claves en la disminución de este flagelo. La lucha contra la corrupción, de este modo, cobra sentido en tanto favorece la aplicación efectiva de esos derechos.

Por todo lo anterior hacemos las siguientes recomendaciones en materia de combate a la corrupción:

• Los Estados Miembros, a través de la Declaración de Quito y las resoluciones en materia de derechos humanos y de combate a la corrupción, deben manifestar enfáticamente que la impunidad es una forma de corrupción y, en sí, una violación de los derechos humanos.



• Los Estados Miembros deben asegurar la adopción de un concepto de corrupción que incluye el uso abusivo del poder como fuente de violación de derechos humanos y generador de impunidad.



• Los Estados Miembros deben comprometerse a crear un grupo de trabajo que analice que tipo de estructuras institucionales y marcos normativos y legales que son necesarios para garantizar la participación pública y el acceso a la información pública de los pueblos de las Américas.

La Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas y las organizaciones abajo firmantes entienden que la corrupción afecta la garantía de los derechos humanos y la vigencia de la democracia, y por ende, están convencidas de que la defensa y promoción de los derechos humanos es una herramienta esencial para luchar contra la corrupción.

La razón de ser de las medidas que adoptan los Estados, y la razón de existir de los Estados mismos son las personas humanas, y, por ende, sus derechos. La promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales "es responsabilidad primordial de los gobiernos" (Artículo 1 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993).

Por eso, la Coalición y las organizaciones firmantes instan a los Estados Miembros de la OEA a que asuman un paso crucial hacia una sociedad justa, democrática y con plena vigencia de los derechos humanos, adoptando las siguientes recomendaciones:

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos representa para las víctimas de violaciones, una última instancia de justicia en el Hemisferio. Para lograr el fortalecimiento del Sistema, la Coalición y las organizaciones firmantes consideran fundamental impulsar las siguientes recomendaciones:

• Los Estados Miembros deben ratificar e implementar, si no lo han hecho, todos los instrumentos internacionales e interamericanos para la promoción y defensa de los derechos humanos.



• Los Estados deben asumir su rol de garantes colectivos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En tal sentido, los Estados partes tienen la obligación de cumplir con las decisiones y recomendaciones emanadas de los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las medidas cautelares y provisionales. Las organizaciones firmantes proponen a los Estados Miembros la creación de un grupo de trabajo con participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la sociedad civil, para la elaboración de directrices sobre el cumplimiento eficaz e inmediato de resoluciones y recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.



• La Coalición y las organizaciones firmantes rechazan el recorte del presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados Miembros deben revertir este recorte y asumir sus responsabilidades y compromisos previos para incrementar de manera progresiva y sustancial los presupuestos de los órganos de protección.



• La Coalición y las organizaciones firmantes instan al Secretario General de la OEA que encomiende al Consejo Permanente, con los aportes de la CIDH, la Corte y organizaciones de la sociedad civil, la creación de un fondo específico para el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en razón de que la dificultad económica sigue siendo el principal obstáculo para que las víctimas tengan un real acceso al sistema.



• Los Estados Miembros deben dictar legislación interna para la protección y promoción de la labor de los/as defensores/as de derechos humanos y adoptar medidas eficaces para acabar con la impunidad de los actos cometidos contra los/as defensores/as de derechos humanos.

La primacía de los derechos humanos en las políticas de seguridad y en la lucha contra el "terrorismo"

• Los Estados Miembros deben garantizar que el pleno respeto del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados sean la base de todas las políticas que adopten en materia de seguridad y en la llamada lucha contra el "terrorismo". Los Estados Miembros deben apoyar la elaboración de lineamientos que recojan estos estándares en relación con medidas a ser adoptadas por los Estados para luchar eficazmente contra el "terrorismo".



• Es fundamental que los Estados no utilicen la concepción de "terrorismo" para hacer frente a conflictos y problemáticas internas, como el narcotráfico o las pandillas juveniles conocidas como "maras" que son de distinta naturaleza y requieren de soluciones también distintas.



• Los Estados deben limitar el rol de las Fuerzas Armadas a la defensa exterior del país y no otorgarles funciones relacionadas con la seguridad pública. Asimismo, es fundamental avanzar en el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas en los países de la región.



• Los Estados Miembros de la OEA deben apoyar iniciativas que suponen procesos de pacificación, construcción democrática y combate a la impunidad. Los Estados Miembros deben promover que en estos procesos se brinden las garantías que otorga el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Graves circunstancias, como las que se viven en Colombia, Haití, Guatemala y Guantánamo, por ejemplo, evidencian la necesidad de atender con urgencia tales criterios.

El principio de no discriminación

• Los Estados Miembros que aún no lo han hecho deben ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) a la mayor brevedad.



• Los Estados Partes de la Convención de Belém do Pará, deben dar los pasos necesarios para la plena y efectiva implementación de dicho instrumento mediante, entre otras medidas, el dictado de las normas apropiadas para dichos fines y la modificación de aquellas disposiciones ya existentes.



• Los Estados Miembros deben actuar con la plena participación de los pueblos indígenas para aprobar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, garantizando la libre determinación de los pueblos, y sus derechos a sus tierras, territorios y recursos.



• Las organizaciones firmantes señalan que el racismo sigue siendo un problema fundamental en la región y exhortan a los Estados a avanzar en el debate y adopción de la Convención Interamericana Contra el Racismo.

Organizaciones Internacionales, Regionales y Redes

• Amnistía Internacional
• Casa Alianza
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
• Comisión Internacional de Juristas
• Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
• El Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), Brasil
• Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
• Foro Emaús, Costa Rica
• La Asociación para la Prevención de la Tortura
• La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
• La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, "Todos los derechos para todos", A. C., México
• Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad (LIMPAL), Costa Rica
• Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
• Reforma Penal Internacional
• Servicio Internacional de Derechos Humanos
• Washington Office on Latin America (WOLA)

Organizaciones Nacionales

• Alianza Cívica A.C., México
• Asociación para la Democracia y el Desarrollo Local (FUNDASPAD), El Salvador
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Panamá
• Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile
• Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
• Científicos Sociales por una paz digna, México
• Colegio de Periodistas de Costa Rica
• Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela
• Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
• Comisión de Juristas Indígenas, Argentina
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
• Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos de El Salvador "Marianella Garcia Villas" (CODEFAM)
• Comité de familiares y víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
• Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Honduras
• Conectas Direitos Humanos, Brasil
• Derechos y Democracia, Canadá
• El Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A.C., México
• El Centro de Derechos Humanos del Migrante, A.C. (CDHM), México
• El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, México
• El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras
• El Centro de Reflexión y Acción Laboral, México
• El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Colombia
• El Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle A.C. (MATRACA), México
• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras
• Fundación Diego Lucero, A.C., México
• Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN), México
• Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), El Salvador
• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Paraguay
• Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales, Guatemala
• Justicia Global, Brasil
• La Fundación Pro Ayuda y Desarrollo al Inmigrante, Costa Rica
• La Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas
• La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Venezuela
• Maestría en derechos humanos y educación para la paz de la Universidad de El Salvador.
• Núcleo de Estudios Negros (NEN), Brasil
• PROBIDAD, El Salvador
• Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
• Respuesta Alternativa, México
• Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Ecuador
• Sin Fronteras I.A.P., Mexico