Colombia

Aunque los pueblos indígenas colombianos gozen de un marco constitucional y legislativo progresista en cuanto a sus derechos y que proclamen su neutralidad activa, así como su compromiso por la paz, la situación de sus derechos humanos este año es aún más oscura. Los pueblos indígenas continúan atrapados entre el fuego de diferentes protagonistas armados que usurpan sus territorios menoscabando la autonomía reconocida por la Constitución. Golpeados durante décadas por un conflicto interno de una brutalidad y complejidad extrema, la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas se encuentra más que nunca amenazada.

En el marco de su informe de misión (E/CN.4/2005/88/Add.2), el señor Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, constata la vulnerabilidad de la supervivencia cultural de los pueblos indígenas y da cuenta de los efectos devastadores del conflicto: asesinatos, tortura, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, reclutamiento contra la voluntad de los jóvenes, violaciones contra mujeres indígenas y ocupación de sus territorios por parte de los grupos armados y actores ilícitos. El relator menciona el creciente fenómeno de la militarización de las comunidades indígenas y las numerosas violaciones a los derechos humanos contra sus miembros y está preocupado por la suerte de algunos pueblos que se encuentran en vías de extinción. Tres pueblos de la Amazonía estarían en una situación de supervivencia extremamente precaria.

En efecto, es lamentable que aún este año numerosos actos de violencia y ejecuciones selectivas perpetradas por los actores armados de todos los grupos, se hayan producido en contra de autoridades indígenas, médicos tradicionales y guías espirituales. Casos de dirigentes asesinados se han registrado, principalmente, en los pueblos Kankuamo, Charmi, Pijao, Wiwa. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Bogotá llamó la atención sobre el hecho que 8 dirigentes indígenas asesinados, entre otros un dirigente Wiwa, Ángel Melcíades Loperena, se han producido en los primeros 20 días del año 2005.

El pueblo Embera Katio del noreste de Colombia, que desde hace años ve a sus dirigentes asesinados, continúe siendo afectado por las nefastas repercusiones de la construcción de una importante represa hidroeléctrica. Derechos y Democracia recuerda que el gobierno colombiano todavía no ha esclarecido la desaparición de Kimy Pernía Domicó, ardiente defensor de los derechos del pueblo Embera Katio.

Derechos y Democracia advierte que el proceso de desmovilización de los paramilitares conducido por el gobierno colombiano conlleva a la concentración de paramilitares en diferentes zonas cercanas a territorios indígenas, lo que con certeza aumentará la inseguridad existente al interior de las comunidades. Falta a este proceso un marco jurídico que respete los principios de verdad, de justicia y de reparación así como el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas tal que estipulado en la Constitución colombiana.

Derechos y Democracia considera que es el deber y la responsabilidad de la comunidad internacional recordar al gobierno colombiano su deber de proteger la vida de los miembros de los pueblos indígenas, de respetar su derecho a la autonomía y de tomar las medidas eficaces con fin de evitar que los pueblos desaparezcan y esto, en virtud de sus obligaciones constitucionales e internacionales.

RECOMENDACIONES:

Que el gobierno de Colombia

1. adopte medidas concretas y ponga en práctica las 27 recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Colombia (HCNUDH) concernientes a la reforma de los derechos humanos.



2. ponga en práctica el conjunto de las recomendaciones del informe de la Misión en Colombia del Relator Especial para Asuntos Indígenas (E/CN.4/2005/88/Add.2) y, de manera inmediata, la recomendación de acudir al servicio de la nueva instancia de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio (Consejero Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio) con el fin que ésta examine los casos de los pueblos indígenas de la Amazonía en vías de extinción y que se instaure un plan de emergencia para estas comunidades indígenas en peligro (par. 115).



3. cumpla con sus obligaciones para garantizar y obligar a todas las partes en conflicto a respetar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y adopte medidas de protección eficaces y apropiadas para los pueblos indígenas, conforme a las disposiciones de la Constitución política de Colombia y a las obligaciones internacionales que ha contraído Colombia.

Que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

1. solicite a la oficina permanente en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos preparar un informe exhaustivo y analítico sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas para la 62º sesión.